Especialistas y funcionarios de Argentina, Ecuador, EE.UU. y Perú debatieron sobre pesca ilegal en un seminario organizado por el Círculo de Políticas Ambientales

El miércoles 5 de abril se llevó a cabo el seminario virtual "Pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR): herramientas para combatirla", organizado por el Círculo de Políticas Ambientales con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos, que contó con la participación de funcionarios y especialistas de Argentina, Ecuador, Estados Unidos y Perú. La dificultad en combatir las actividades ilegales en aguas internacionales, las regulaciones nacionales pendientes, y la necesidad de una mayor decisión política fueron los principales ejes del debate.

Las exposiciones estuvieron a cargo de Michael Brakke, subdirector de la Oficina de Asuntos Internacionales y Comercio de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) de los Estados Unidos; Pilar Proaño, ex viceministra de Pesca y Acuacultura de Ecuador; Graciela Camaño, diputada nacional de Argentina; Juan Carlos Sueiro Cabredo, director de Pesquerías de Oceana en Perú; Milko Schvartzman, responsable del Programa de Conservación y Pesca del Círculo de Políticas Ambientales y Fernando Arce Alvarado, vicepresidente del Parlamento Andino por Perú.

En la apertura de las exposiciones, Milko Schvarztman señaló que "la flota de pesca de Calamar, mayormente de bandera china, que opera en las costas de Sudamérica tiene presencia en varios países de la región, entre ellos Ecuador, Perú, Chile y Argentina entre junio y abril de cada año". También remarcó que "se ha detectado una mayor presión sobre los recursos pesqueros en el Atlántico Sur entre 2020 y 2021, debido a un mayor número de embarcaciones y mayor tiempo de pesca en la región." Schvarztman destacó que "estas flotas de aguas distantes operan sin respetar ningún tipo de regulaciones: ni ambientales, ni laborales, ni de seguridad de la navegación".

"Una de las medidas para combatir la pesca INDNR es evitar que sus productos lleguen a nuestros mercados, y otra es mejorar la trazabilidad en la pesca. En EEUU contamos con dos abordajes generales: uno es evaluar el cumplimiento de los requisitos de las pesqueras a nivel nacional, referidos a la pesca incidental; y el segundo tiene que ver con los programas de monitoreo de importaciones de productos del mar", señaló en el momento de su intervención Michael Brakke de la NOAA. Con respecto a este último agregó, "los puertos deben tener conocimiento de las especies, registro y procesos. Tenemos definidas programas para especies en riesgo sobre las que hay que evitar la pesca INDR". Finalmente, remarcó que: "los programas de trazabilidad son muy importantes. Es fundamental que los gobiernos tengan información para saber lo que se importa, evitar algunos productos pesqueros y darle información al consumidor sobre el pescado que consumen".

En su momento, la ex viceministra de Pesca de Perú, Pilar Proaño, destacó la necesidad de actuar sobre los propietarios de los barcos que realizan pesca INDNR, ya que frente a un barco que realiza una práctica ilegal hoy las sanciones se enfocan en el delito ambiental y no en su penalización, remarcando que "está muy bien que se sancione con todo el peso de la ley a quienes cometieron el delito, pero la sanción queda en la cadena más débil (en los tripulantes y capitán del buque), pero no hemos ido al fondo: a los propietarios del buque, quienes deberían haber sido sancionados y los barcos listados en pesca INDNR"

Mientras que, en su exposición, Juan Carlos Sueiro Cabredo de Oceana Perú señaló que "existen múltiples formas de pesca INDR en Perú. Una de ellas es el fraude extendido. Tenemos dos estudios con análisis de ADN para conocer qué pescado se venden en restaurantes y los mercados. El índice del fraude es bastante alto, es un tema global pero que en Perú tiene una particular importancia"; y también destacó que "hay una gran afluencia de estas flotas (chinas) a puertos peruanos: Por eso en 2020 se dictó el Decreto Supremo 016, que establece restricciones para el ingreso de barcos de Pota: solo podrán ingresar aquellos que tenga un sistema de rastreo satelital por 6 meses en la zona, por esta medida ha caído el ingreso a puerto (176 en 2019, 2 en 2021)".

Desde Argentina, la diputada Graciela Camaño resaltó que "la pesca INDNR implica un negocio de 23.000 millones de dólares; junto con la piratería, el narcotráfico y el tráfico de personas, se ha vuelta una amenaza frecuente que desafío el buen orden en el mar, un delito global que no solo ponen en riego el ambiente y la seguridad alimentaria, sino que puede dañar severamente la economía de países marítimos"; mientras que hizo hincapié en que "debemos avanzar en una forma de gestión pesquera que involucre a todos los países de la región, incluyendo al sector público y al sector privado con sistemas de vigilancia de nuestros mares que sean cooperativos, con convenios de colaboración en instancias judiciales para hacer posibles las órdenes de detención; con intercambio genuino de información y directrices estándares que permitirá a los países aplicar sus propias estimaciones comparables y medibles."

Hacia el cierre del encuentro virtual, el asesor del legislador Fernando Arce Alvarado, Miguel Ángel Rodríguez, se refirió a la efectividad de los convenios internacionales y las deficiencias irresueltas de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), señalando que existen zonas que hoy se presentan como especialmente críticas ante la pesca INDNR como el Pacífico y el Atlántico Sur y que no son atendidas a nivel global.

El seminario contó con una nutrida audiencia, con representantes de organizaciones, gobiernos, embajadas, organismos y agencias públicas, empresas y universidades de varios países del continente y de organizaciones internacionales dedicadas a la pesca, la conservación y al crimen organizado.

Acceder al video del seminario virtual Pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR): herramientas para combatirla"