En las últimas décadas, a nivel global, el consumo de pescado per cápita
se duplicó en comparación con el crecimiento demográfico, y la tendencia
continúa impulsada por una mayor demanda de proteína animal de alta calidad
nutricional, especialmente en los países en desarrollo (FAO).
Si bien existe un alto potencial de la pesca de captura y acuicultura
para incrementar su aporte a las necesidades nutricionales de gran parte de la
población, es necesario, para ello, mejorar las prácticas pesqueras, evitar la
sobreexplotación, el descarte y la captura incidental, aumentar los controles y
la transparencia, y concientizar sobre las importancia de la conservación y el
aprovechamiento sostenible de los recursos.
En los últimos años, el problema de la pesca ilegal no declarada y no
reglamentada (INDNR) en el Atlántico Sudoccidental se ha vuelto más evidente.
Durante la temporada alta, las embarcaciones no reguladas que operan en el
borde exterior de la zona económica exclusiva (ZEE) argentina suman más de 500,
muchas de las cuales ingresan para la pesca ilegal, generando daño ambiental y
pérdidas para el país.
Estas pérdidas se miden no sólo en términos de la afectación al
ecosistema marino y sus especies, sino también por sus consecuencias sociales y
económicas para un país en desarrollo con altas necesidades nutricionales y de
empleo.
La pesca es una de las actividades económicas más importantes de la
Argentina, representa hasta el 0,4 del PIB generando más de 25 mil puestos de
trabajo directos. Las exportaciones de productos pesqueros alcanzaron los 2.148
millones de dólares estadounidenses en 2018, y se mantienen en cifras cercanas
a los 2.000 millones.
La implementación del manejo de las pesquerías
basado en el ecosistema reduce las amenazas mencionadas anteriormente y una de
las herramientas más efectivas para verificar la sostenibilidad de las
pesquerías, es el monitoreo de la cadena productiva a través de la
trazabilidad. Estos sistemas están tomando cada vez más relevancia a nivel
global, impulsados por el compromiso de muchas empresas, pero principalmente
por la demanda de los consumidores y las regulaciones que algunas naciones ya
están implementando para evitar que productos provenientes de prácticas
ilegales, ambientalmente no sostenibles, que involucren precariedad laboral,
y/o generen competencia desigual, ingresen a sus mercados. (Ver declaración completa)
