Declaración sobre la trazabilidad de la pesca y la acuicultura
En las últimas décadas, a nivel global, el consumo de pescado per cápita se duplicó en comparación con el crecimiento demográfico, y la tendencia continúa impulsada por una mayor demanda de proteína animal de alta calidad nutricional, especialmente en los países en desarrollo (FAO).
Si bien existe un alto potencial de la pesca de captura y acuicultura para incrementar su aporte a las necesidades nutricionales de gran parte de la población, es necesario, para ello, mejorar las prácticas pesqueras, evitar la sobreexplotación, el descarte y la captura incidental, aumentar los controles y la transparencia, y concientizar sobre las importancia de la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos.
En los últimos años, el problema de la pesca ilegal no declarada y no reglamentada (INDNR) en el Atlántico Sudoccidental se ha vuelto más evidente. Durante la temporada alta, las embarcaciones no reguladas que operan en el borde exterior de la zona económica exclusiva (ZEE) argentina suman más de 500, muchas de las cuales ingresan para la pesca ilegal, generando daño ambiental y pérdidas para el país.
Estas pérdidas se miden no sólo en términos de la afectación al ecosistema marino y sus especies, sino también por sus consecuencias sociales y económicas para un país en desarrollo con altas necesidades nutricionales y de empleo.
La pesca es una de las actividades económicas más importantes de la Argentina, representa hasta el 0,4 del PIB generando más de 25 mil puestos de trabajo directos. Las exportaciones de productos pesqueros alcanzaron los 2.148 millones de dólares estadounidenses en 2018, y se mantienen en cifras cercanas a los 2.000 millones.
La implementación del manejo de las pesquerías basado en el ecosistema reduce las amenazas mencionadas anteriormente y una de las herramientas más efectivas para verificar la sostenibilidad de las pesquerías, es el monitoreo de la cadena productiva a través de la trazabilidad. Estos sistemas están tomando cada vez más relevancia a nivel global, impulsados por el compromiso de muchas empresas, pero principalmente por la demanda de los consumidores y las regulaciones que algunas naciones ya están implementando para evitar que productos provenientes de prácticas ilegales, ambientalmente no sostenibles, que involucren precariedad laboral, y/o generen competencia desigual, ingresen a sus mercados.
En el caso de la pesca, los sistemas de trazabilidad permiten dar información segura para los consumidores, garantizando la seguridad alimentaria, al mismo tiempo que la veracidad y confiabilidad de la información brindada asegura el aprovechamiento de los recursos pesqueros en condiciones económicas, sociales y ambientales sostenibles. Además, son una herramienta clave para combatir la pesca INDNR, ya que contribuyen a probar la legalidad y origen de la pesca.
Por otro lado, y al mismo tiempo, los sistemas de trazabilidad permiten generar un valor agregado a la industria que brinda información desde la instancia de la captura hasta la mesa del consumidor, garantizando un mejor posicionamiento en los mercados. Que la pesca nacional cuente con altos estándares de trazabilidad será un factor determinante para competir en los mercados internacionales contra la pesca furtiva.
Un sistema nacional de trazabilidad servirá para identificar a aquellas especies del Atlántico Sudoccidental que son capturadas por pesquerías reguladas y ayudará a los importadores, minoristas y consumidores a identificarlas entre aquellas capturadas por las flotas que no puedan demostrar su ajuste a las condiciones ambientales y sanitarias exigibles. De este modo se contribuirá a la preservación del ambiente marino de nuestro país y de las áreas marítimas adyacentes, como así también a la producción y consumo sostenibles.
En la Cámara de Diputados de la Nación fueron presentados dos proyectos de ley (Expedientes 2160-D-2020 y 1797-D-2021) que impulsan la creación de un Sistema de Trazabilidad de la Pesca a Nivel Nacional.
Las organizaciones abajo firmantes apoyamos el debate parlamentario, enriquecido por un diálogo sostenido con los diversos sectores interesados en la temática, y la sanción de una Ley Nacional de Trazabilidad de los productos de la pesca y de la acuicultura.
En ese sentido, solicitamos a los legisladores nacionales que avancen en su tratamiento para que el Estado argentino cuente con un importante instrumento para garantizar la sustentabilidad y el desarrollo económico local, mantener el acceso a los mercados más exigentes y rentables, combatir la pesca ilegal y no regulada y conservar el Mar Argentino.
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